Según Rodríguez, citada por Diario de Cuba, el CDPC ha registrado desde 2023 alrededor de 650 eventos relacionados con reclusas o prisiones de mujeres y ha obtenido información sobre más de 90 mujeres encarceladas, con un subregistro que ella misma reconoce.
Datos de la organización, no auditados aquí. Tope 5. Límites: No se ha consultado la base del CDPC. La predominancia de casos políticos, según ella, refleja quién denuncia, no la composición de las cárceles.
Según Diario de Cuba, las declaraciones de Rodríguez amplían las denuncias sobre el uso del contacto familiar como mecanismo de control, que el CDPC expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre.
El medio refiere esa presentación; no se ha consultado el expediente de la audiencia. Tope 5. Límites: No hay fecha exacta de la comparecencia en la nota ni documento de la Comisión en esta pieza.
Según el registro de Justicia 11J, citado por Diario de Cuba, al 3 de noviembre de 2026 había al menos 56 mujeres privadas de libertad por motivos políticos en Cuba, de ellas 24 madres y 21 afrodescendientes.
Cifras propias de la organización, difundidas por un solo medio. Tope 5. Límites: La propia entrevista las presenta como parciales y de subregistro. Sin confirmación oficial ni listado público verificado aquí.
Diario de Cuba publicó el 10 de noviembre de 2026 una entrevista con Camila Rodríguez, directora de programas de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., en representación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y de Justicia 11J.
Hecho sobre lo que publicó un medio del registro. Un solo artículo. Límites: No se ha consultado otra fuente del registro con esta entrevista.
Según la información estatal citada por Rodríguez en Diario de Cuba, solo el 7 por ciento de 11.151 quejas de personas presas entre 2017 y 2021 se resolvió a favor de quien reclamó.
Dato estatal relatado por la investigadora a un solo medio, no contrastado aquí. Tope 5. Límites: No se identifica la publicación estatal de origen. Cuba Radar no ha visto esas cifras en una fuente primaria.
Según Rodríguez, citada por Diario de Cuba, la última cifra oficial de población penal que conoce su organización fue publicada en Granma en mayo de 2012: 57.337 personas, sin desglose por sexo ni delito.
Cita de un dato estatal hecha por la entrevistada; Granma no se consulta aquí. Tope 5. Límites: Cuba Radar no ha revisado la edición de Granma. No se afirma que esa cifra siga vigente.
Según Justicia 11J, citada por Diario de Cuba, entre enero y febrero de 2025 al menos 29 mujeres se beneficiaron de excarcelaciones; dos ya estaban fuera, la mayoría quedó con la pena pendiente y dos de las excarceladas en enero de 2025 volvieron a prisión.
Cifras de la organización en la misma entrevista. Tope 5. Límites: No hay listado nominativo en la nota ni corroboración independiente. No se identifican a las mujeres.
El CDPC, según la entrevista, documenta desnudez forzada, requisas humillantes y presiones para que embarazadas abortaran, incluido el envío de una mujer a una celda de castigo por negarse, además de testimonios públicos de violaciones y amenazas de violencia sexual tras las protestas de 2021, principalmente en unidades policiales y de instrucción, y represalias por denunciar.
Denuncias de la organización, sin nombres ni expedientes en la nota. Tope 5. Límites: No hay versión oficial ni se identifican los casos. No se afirma como hecho comprobado por Cuba Radar.
En enero de 2022, según los registros citados por Rodríguez en Diario de Cuba, la Fiscalía amenazó a una presa del 11J, madre de cinco hijos, con quitarle la custodia de los tres menores si no firmaba una declaración de culpabilidad.
Un caso de los registros de la organización, sin nombre y sin documento fiscal. Tope 5. Límites: El artículo no identifica a la mujer. Cuba Radar no nombra a una presa no identificada por la fuente. Sin versión de la Fiscalía.
Fuentes
Diario de CubaFuente citada
- Publicación de la fuente
- 10 nov 2026, 16:59 UTC
- Recopilación
- 10 nov 2026, 17:25 UTC
Afiliación no indicada.
Al menos 56 mujeres estaban privadas de libertad por motivos políticos en Cuba al 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con el registro de Justicia 11J, según una entrevista de Diario de Cuba con Camila Rodríguez, directora de programas de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., que habla en representación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y de Justicia 11J. De esas 56, el registro cuenta 24 madres y 21 afrodescendientes. Son cifras de esas organizaciones, presentadas como parciales; no hay confirmación oficial en los documentos consultados.
Rodríguez advierte que la falta de información oficial y las dificultades para documentar los casos impiden conocer la dimensión real del encarcelamiento femenino. Según Diario de Cuba, sus declaraciones amplían las denuncias sobre el uso del contacto familiar como mecanismo de control, que el CDPC expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre. Esta pieza no consulta el expediente de esa audiencia.
La última cifra oficial de población penal que, según Rodríguez, conoce la organización fue publicada en Granma en mayo de 2012: 57.337 personas, sin desglose por sexo ni delito. Cuba Radar no ha consultado esa publicación estatal para esta historia; se recoge como dato citado por la entrevistada.
Desde 2023, dice, el CDPC ha registrado alrededor de 650 eventos relacionados con reclusas o prisiones de mujeres y ha obtenido información sobre más de 90 mujeres encarceladas. Predominan los casos políticos, precisa, no porque sean mayoría en las cárceles, sino porque sus familias denuncian más en público. «Todo lo que contamos es un subregistro», afirma.
El CDPC, según la entrevista, documenta desnudez forzada, requisas humillantes y presiones para que embarazadas abortaran, incluido el envío de una mujer a una celda de castigo por negarse. También recoge testimonios públicos de violaciones y de amenazas de violencia sexual tras las protestas de 2021, principalmente en unidades policiales y de instrucción. Diario de Cuba no identifica a las afectadas en esos pasajes. Denunciar, sostiene Rodríguez, puede traer nuevas sanciones: suspensión de llamadas, castigos por hablar con medios independientes o represalias por publicaciones de familiares.
En enero de 2022, según los registros que ella cita, la Fiscalía amenazó a una presa del 11J, madre de cinco hijos, con quitarle la custodia de los tres menores si no firmaba una declaración de culpabilidad. El artículo no la nombra.
Según la información estatal citada por la investigadora, solo el 7 por ciento de 11.151 quejas de personas presas entre 2017 y 2021 se resolvió a favor de quien reclamó. El equipo, añade, no conoce una queja de una reclusa o su familia que haya derivado en una investigación con resultados públicos, sanciones a responsables o mejoras verificables. Cuba Radar no ha contrastado esas cifras con fuentes estatales.
Entre enero y febrero de 2025, Justicia 11J registró al menos 29 mujeres beneficiadas por excarcelaciones; dos ya estaban fuera de prisión y la mayoría quedó bajo libertad condicional o licencia extrapenal, con la pena pendiente, según la entrevista. Rodríguez denuncia amenazas para impedirles hablar con la prensa, denunciar o publicar en redes, y dice que dos de las excarceladas en enero de 2025 volvieron a prisión. Para las excarceladas por motivos políticos, resume, «la salida casi nunca es una libertad plena».
Limitaciones: todas las cifras y denuncias proceden de una sola entrevista de Diario de Cuba con una representante del CDPC y de Justicia 11J. Son datos de esas organizaciones, no un recuento oficial. No hay versión del Estado cubano en esta pieza ni se ha consultado el informe de la audiencia ante la Comisión Interamericana ni la nota de Granma de 2012. Cuba Radar no trata las cifras como un censo cerrado ni identifica a las presas aludidas sin nombre en la entrevista.