Según Cubalex, en el esquema participarían oficiales del Departamento Técnico Investigativo, directores de prisiones, fiscales y, en algunos casos, autoridades civiles vinculadas al Partido Comunista.
Atribución amplia a cargos y órganos sin nombrar a nadie, basada en los testimonios de Cubalex. Infobae y CiberCuba la repiten con matices (Infobae habla de participación o conocimiento; CiberCuba añade al Ministerio del Interior y cuadros del Partido). No hay ningún documento ni confirmación independiente. Puntuación 3. Límites: Cubalex dice que los entrevistados señalan participación o conocimiento; no prueba cada nivel. Cuba Radar no ha visto pruebas contra ningún cargo concreto.
Según Cubalex, un arma para estos tratos cuesta hoy entre 130.000 y 180.000 pesos cubanos, frente a un salario medio de unos 6.500 pesos, es decir, entre 20 y 28 salarios medios mensuales según un cálculo aproximado del propio informe.
Cifra de una organización, repetida por tres medios que citan el mismo informe. Cubalex no explica cómo obtuvo los precios más allá de los testimonios y del tipo de cambio de 300 a 400 pesos por dólar. La cuenta es aritmética sencilla y cuadra. Puntuación 4. Límites: Los precios dependen del tipo de cambio informal y del salario medio que cita Cubalex. CiberCuba escribe «meses de salario» y Cubalex «salarios medios mensuales»; es la misma equivalencia. Cuba Radar no ha comprobado precios en el mercado ilegal.
Cubalex ya había publicado el 7 de enero de 2026 un análisis sobre la misma práctica, a la que llama «El Convenio», con el mismo rango de precios (130.000 a 180.000 pesos); el informe de octubre amplía una denuncia anterior, no la estrena.
Hecho sobre lo que Cubalex publicó antes, comprobado en su propia página. Puntuación 8 porque solo afirma lo publicado y su fecha. Límites: La fecha sale de los datos internos de la página. Cuba Radar no ha comprobado si hubo denuncias de otros medios anteriores que cita Cubalex. Esa página afirma que el patrón ha sido «corroborado también por fuentes independientes»; Cuba Radar no ha visto esas fuentes.
Según el informe, el jurista y ex preso político Julio Ferrer Tamayo advirtió a Cubalex de que algunos familiares que consiguieron el arma fueron detenidos y procesados por receptación después de que los agentes la recuperaran, y la promesa de beneficio quedó sin efecto; varios entrevistados dijeron que las autoridades no siempre cumplen los acuerdos y que no hay forma de reclamar.
Testimonio de un jurista, con experiencia en el sistema judicial según el informe, recogido por Cubalex y repetido por la prensa; no hay casos concretos con nombre ni documentos. Varios entrevistados coinciden en que los acuerdos se incumplen. Puntuación 3. Límites: No se citan casos identificables ni sentencias. Cuba Radar no ha visto procesos por receptación ligados a esta práctica.
Según el informe de Cubalex, desde hace al menos tres décadas reclusos y familiares compran o consiguen armas ilegales y las entregan a oficiales del sistema penitenciario, sobre todo del Departamento Técnico Investigativo, a cambio de beneficios como pasar a un régimen de menor severidad, rebajas de condena, libertad condicional o traslados, en una práctica conocida entre los presos como «El Convenio»; quienes participan serían sobre todo presos comunes.
La denuncia viene de una sola cadena: el informe de Cubalex, basado en diez personas, y tres notas de prensa que lo repiten sin investigación propia. Hay detalle, coincidencias entre testimonios de varias prisiones y una denuncia previa de la misma organización, pero ningún documento oficial ni confirmación independiente. Puntuación 5. Límites: Cubalex no puede cuantificar cuántos presos han usado el trato ni dice que sea una medición nacional. Cuba Radar no ha entrevistado a los testigos ni ha visto documentos. Un familiar anónimo dijo a Cubalex que a un manifestante del 11J también le propusieron el trato; Cuba Radar no lo ha podido comprobar. Un ex reeducador, Eliober Sosa, dice que el fin era recuperar armas y esclarecer delitos.
Cubalex publicó en su sitio web el informe especial «Negocio de Estado: armas y beneficios penitenciarios en las prisiones cubanas», con fecha interna del 28 de octubre de 2026, basado en entrevistas a 8 ex presos, un familiar y un ex reeducador penitenciario, con evidencia de primera mano en 13 prisiones y campamentos de trabajo forzado de seis provincias.
Hecho sobre lo que publicó una organización del registro, comprobado en el propio informe y en la prensa que lo recoge. Puntuación 8 porque solo afirma lo publicado, no que lo denunciado sea cierto. Límites: La fecha sale de los datos internos de la página, no de una fecha visible; CiberCuba solo dice «a finales de octubre». Cubalex dice que sus cifras no son una medición de prevalencia nacional y califica el informe de aproximación inicial. Cuba Radar no ha visto las entrevistas ni las grabaciones.
Cubalex plantea como hipótesis que las armas entregadas podrían volver al mercado ilegal a través de personas coludidas con las autoridades, en un «negocio circular»; el informe lo presenta como posibilidad y no como hecho probado, y recoge otras explicaciones: oficiales que dicen sacar armas de la calle y un ex reeducador que dice que el interés es recuperar armas y esclarecer delitos.
Hipótesis de Cubalex, expresada por su directora, Laritza Diversent, sin pruebas directas de que las armas se revendan. Cubalex lo apoya en una sentencia militar de 2024 sobre un suboficial que vendió seis pistolas, que Cuba Radar no ha visto. Puntuación 2. Límites: No hay pruebas de que las armas recogidas se vuelvan a vender. Las otras explicaciones son igual de difíciles de comprobar.
Infobae (dos notas del 9 de noviembre de 2026) y CiberCuba (10 de noviembre) recogieron el informe de Cubalex; ninguna aporta una confirmación independiente de la práctica ni fuentes propias.
Hecho sobre lo que publicaron tres notas de medios del registro, comprobado en sus textos. Puntuación 7 porque la segunda parte es una lectura de Cuba Radar: las tres notas parten del mismo informe y no son corroboración independiente. Límites: Cuba Radar no ha visto el trabajo de campo de Infobae; sus notas atribuyen todo a Cubalex. CiberCuba advierte que su nota fue generada o editada con inteligencia artificial y revisada por un editor.
Según el informe de Cubalex, que cita una fuente interna anónima, en diciembre de 2024 la organización recibió los nombres de 12 presos comunes de la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, que habían sido llevados a campamentos de menor severidad por entregar armas, y los tratos se habrían hecho directamente con el teniente coronel Graisel La Rosa González, jefe del Departamento Técnico Investigativo en ese penal.
Es una atribución a una persona concreta, sostenida por una única fuente interna anónima y por el propio informe, sin documentos ni nombres de los 12 presos publicados y sin respuesta del oficial ni de las autoridades. Infobae lo repite sin aportar otra fuente. No es una acusación probada ni una resolución judicial. Puntuación 3. Límites: Cuba Radar no ha visto la lista de los 12 presos ni ha hablado con la fuente, y no ha podido localizar al oficial. Infobae escribe que era jefe del «entonces» Departamento Técnico Investigativo; Cubalex dice «jefe del DTI en ese penal». No se publica nada más sobre esta persona. Cuba Radar no puede afirmar que el oficial hiciera esos tratos.
Cubalex dice que su búsqueda en las normas cubanas de acceso público no encontró ninguna que permita dar beneficios a cambio de armas; según el informe y CiberCuba, el Decreto-Ley 74/2023 prevé rebajas de hasta 60 días por año, con otros 60 en casos excepcionales, y sus requisitos no incluyen entregar armas.
Es la lectura que hace Cubalex de la norma, repetida por CiberCuba. Cuba Radar no ha leído el decreto-ley, y una búsqueda sin resultados en normas públicas no prueba que no existan reglas internas. Puntuación 5. Límites: Julio Ferrer y Eliober Sosa dicen no haber conocido normas internas que lo regulen, pero eso no descarta instrucciones no publicadas.
Fuentes
InfobaeFuente citada
- Publicación de la fuente
- 9 nov 2026, 17:37 UTC
- Recopilación
- 11 nov 2026, 9:00 UTC
Medio digital internacional con sede en Argentina; independiente, sin afiliación gubernamental
CiberCubaFuente citada
- Publicación de la fuente
- 11 nov 2026, 2:46 UTC
- Recopilación
- 11 nov 2026, 9:00 UTC
Afiliación no indicada.
CubalexFuente citada
- Publicación de la fuente
- 7 ene 2026, 5:00 UTC
- Recopilación
- 11 nov 2026, 9:00 UTC
Centro de Información Legal Cubalex; organización independiente de asistencia legal y derechos humanos, no gubernamental; autor de sus denuncias, no autoridad judicial
InfobaeFuente citada
- Publicación de la fuente
- 9 nov 2026, 19:01 UTC
- Recopilación
- 11 nov 2026, 9:00 UTC
Medio digital internacional con sede en Argentina; independiente, sin afiliación gubernamental
CubalexFuente citada
- Publicación de la fuente
- 28 oct 2026, 18:41 UTC
- Recopilación
- 11 nov 2026, 9:00 UTC
Centro de Información Legal Cubalex; organización independiente de asistencia legal y derechos humanos, no gubernamental; autor de sus denuncias, no autoridad judicial
Cubalex, una organización independiente de ayuda legal y derechos humanos, denuncia en un informe especial que familias de presos comunes consiguen armas ilegales y las entregan a oficiales de prisiones a cambio de beneficios penitenciarios, en una práctica que los reclusos llaman «El Convenio». Son denuncias de Cubalex basadas en testimonios; Cuba Radar no ha podido verificarlas y el Gobierno cubano no ha respondido, según las fuentes consultadas.
Qué dice el informe. Titulado «Negocio de Estado: armas y beneficios penitenciarios en las prisiones cubanas», se apoya en publicaciones previas y en entrevistas a 8 ex presos, un familiar y un ex reeducador penitenciario, con experiencia directa en 13 prisiones y campamentos de trabajo forzado de seis provincias. Cubalex sostiene que desde hace al menos tres décadas oficiales del Ministerio del Interior, en particular del Departamento Técnico Investigativo, ofrecen o aceptan rebajas de condena, traslados a campamentos de menor severidad, libertad condicional u otros cambios a cambio de un arma, y que quienes participan son sobre todo presos comunes. La propia organización aclara que sus cifras no son una medición nacional ni dicen cuántos presos han usado el trato, y califica el documento de aproximación inicial.
El precio, según Cubalex: entre 130.000 y 180.000 pesos por arma, con el dólar entre 300 y 400 pesos y un salario medio de unos 6.500, o sea entre 20 y 28 salarios medios mensuales según el cálculo aproximado del informe. El ex reeducador Eliober Sosa dice que hay familias que «han vendido la casa, un carro», y la directora de Cubalex, Laritza Diversent, cuenta el caso de una madre que ya había vendido el refrigerador y valoraba comprar un arma para liberar a su hijo.
El caso de Boniato, atribuido. El informe dice que en diciembre de 2024 una fuente interna anónima dio a Cubalex los nombres de 12 presos comunes de la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, que habían sido llevados a campamentos de menor severidad por entregar armas, y que los tratos se hicieron directamente con el teniente coronel Graisel La Rosa González, entonces jefe del Departamento Técnico Investigativo en ese penal. Es una acusación sin probar: Cuba Radar no ha visto la lista de presos, no ha hablado con la fuente y no ha podido recabar la versión del oficial.
Riesgos para las familias, según Cubalex. El jurista y ex preso político Julio Ferrer Tamayo dice que algunos familiares que lograron el arma fueron detenidos y procesados por receptación después de que los agentes la recuperaran, y que la promesa quedó sin efecto. Varios entrevistados dicen que los acuerdos no siempre se cumplen y que no hay forma de reclamar.
Legalidad. Cubalex dice que no encontró ninguna norma pública que permita dar beneficios a cambio de armas. Según el informe y CiberCuba, el Decreto-Ley 74/2023 prevé rebajas de hasta 60 días por año, con otros 60 en casos excepcionales, sin exigir armas. Cuba Radar no ha leído el decreto-ley, y Julio Ferrer y Eliober Sosa dicen no conocer normas internas que lo regulen, pero eso no descarta instrucciones no publicadas.
Para qué serviría, hipótesis. Cubalex plantea, por boca de Diversent, que las armas podrían volver al mercado ilegal mediante personas coludidas con las autoridades, un «negocio circular». No lo da por probado. Sosa, en cambio, dice que el interés es recuperar armas y esclarecer delitos, y el informe recoge que algunos oficiales hablan de sacar armas de la calle.
Fechas y cobertura. La página del informe lleva como fecha interna el 28 de octubre de 2026. Cubalex ya había descrito «El Convenio» y el mismo rango de precios en un análisis del 7 de enero de 2026, así que el informe amplía una denuncia anterior. Infobae publicó dos notas el 9 de noviembre y CiberCuba otra el 10 de noviembre; las tres parten del mismo informe y no suman una confirmación independiente. CiberCuba incluye este aviso: «Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.»
Respuesta oficial: Cubalex dice que, hasta la fecha del informe, las autoridades cubanas no han hecho ninguna referencia oficial a la práctica, y CiberCuba escribe que el Gobierno no se ha pronunciado. Cuba Radar no ha encontrado una respuesta oficial, pero no ha revisado los medios estatales, y el silencio no prueba ni desmiente la práctica.
Limitaciones: todo procede de Cubalex y de testimonios que Cuba Radar no ha podido contrastar; no ha visto documentos judiciales ni penitenciarios ni ha hablado con los entrevistados. Los nombres de los 12 presos no son públicos. La práctica, su alcance, los precios y la participación de cada cargo son denuncias, no hechos comprobados.